El camino a la Ciudadanía Activa

Eddie Soto

El tema de la ciudadanía activa se relaciona directamente con la calidad de los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos, por lo tanto, se trata de un proceso y no de una situación coyuntural, en el cual, parte de la población es vulnerable a distintos factores que contribuyen a la generación de pobreza y exclusión social. En ese sentido, podría asegurarse que la ciudadanía activa está definida por los mecanismos institucionales y procesos macroeconómicos que provocan dentro de la sociedad costarricense la existencia de un segmento de población que no tiene las mismas oportunidades de desarrollo, de calidad de vida y acceso a servicios básicos, lo que provoca en consecuencia que la sociedad civil se sume a la resolución de los conflictos que aquejan a su comunidad.

Desde este punto de vista, la ciudadanía activa se hace visible en la sociedad costarricense cuando una parte de la población que ve limitadas sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, comienza a organizarse y luchar por metas comunes a la comunidad cercana en pro de proyectos como vivienda digna, seguridad comunitaria, mejorar los espacios verdes, incidir en los centros educativos de educación formal en todas sus modalidades y niveles, atender las limitaciones en el acceso en los programas de salud, y la búsqueda de un  trabajo digno con respaldo de las garantías constitucionales.

“El desempeño negativo se expresa en el aumento de las personas pobres y en la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos entre segmentos de población y entre áreas geográficas, así como en un mayor desempleo. Los hallazgos de este Informe reflejan una ampliación de la brecha entre modernización y crecimiento económico, por un lado, y el acceso a las oportunidades, por el otro. Esto erosiona la integración social del país, pues la creciente desigualdad en la repartición de los beneficios del desarrollo levanta barreras cada vez más difíciles de superar entre grupos y sectores.” (Estado de la Nación, 2012, P.89)

En consecuencia, el informe de Estado de la Nación llama a reflexionar acerca de la calidad de vida que está ofreciendo el Estado costarricense a su población, la cual percibe un deterioro de la atención a sus necesidades al observar un panorama en el cual se refleja en un sistema educativo de mala calidad en infraestructura y enseñanza, espacios urbanos  hacinados sin acceso a servicios públicos, crecimiento notorio de precarios, mayor exposición a la violencia, al tráfico humano  y al consumo de las drogas, menor oferta de empleos formales,

Respecto al acceso a la educación, en Costa Rica es un derecho constitucional garantizado para todas las personas sin discriminación. Es el gozo de este derecho lo que permitiría contribuir eficiente y eficazmente para formar personas con capacidad analítica, crítica y proactiva, todos ellos, elementos importantes en la consecución de una ciudadanía activa. La educación formal fundamentada en la ciudadanía activa sería un recurso apropiado para alcanzar el logro de otros derechos humanos y civiles básicos entre ellos: derecho a la información, a la asociación y a la participación política. Además, contribuye al mejoramiento de las oportunidades de bienestar familiar, esto permite la construcción de ciudadanía activa que promueva valores democráticos y de convivencia pacífica..

“La mayor dificultad de la economía costarricense es que el modelo prevaleciente, aparte de los problemas estructurales que ha acarreado, se ha concentrado prioritariamente en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Se requiere de una estrategia paralela que permita que los frutos obtenidos se distribuyan de una forma más equitativa. Para ello es necesario el reconocimiento de que los beneficios sociales no se derivan en forma espontánea del crecimiento económico y que, por consiguiente, se hace imprescindible una participación estratégica y eficiente del Estado en la generación de los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano.” (Arias, Sánchez, Sánchez, 2011, P.87)

Reducir las desigualdades requiere de intervenciones sectoriales y globales debidamente coordinadas a nivel nacional, regional y local. Debemos como país atender las desigualdades sociales orientándonos a mejorar la calidad de vida de los hogares, atendiendo las necesidades de las familias y brindando las soluciones a las carencias cotidianas de alimento, vestido, vivienda, educación, trabajo formal y acceso a servicios públicos.

Requerimos como país, un mapeo de la situación real de las familias que sea capaz de identificar los grupos, sectores, comunidades, barrios y cantones que requieren atención integral y con la eficacia y progresividad en el uso de los recursos. Se requiere de acciones coordinadas no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, las municipalidades y el sector privado. La ciudadanía activa requiere del empoderamiento de las comunidades con los menores índices de desarrollo humano, no se trata de escuchar las necesidades, se trata de abrir espacios de participación política que les permita ser parte de la solución de sus necesidades insatisfechas, en conjunto Estado y Comunidades realizar la lista de prioridades comunales; los líderes de la comunidad deben planificar, organizar y respaldar con trabajo, las mejoras e inversión que el Estado realice en infraestructura, así como, velar por el correcto uso y racionamiento de los recursos.

El logro de estos esfuerzos comunales deberá ser dirigido por las instituciones de atención a las comunidades, que ya existen, como por ejemplo el Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Fondo de Asignaciones Familiares. Deberá existir una fuerte convicción ética de que los recursos públicos y privados destinados a reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios de necesidad básica son determinantes para la vida de muchas personas. Por lo que la rendición y exigencia de cuentas en la administración pública de esos recursos deben estar claramente definidas.

Se debe enfatizar en mejorar las condiciones de accesibilidad a esos recursos por parte de las familias pobres del país, como por ejemplo las comunidades rurales como Talamanca, Guatuso, Upala, Los Chiles, las áreas costeras del Pacífico y el Caribe, las regiones socioeconómicas vulnerables Brunca, Huetar Atlántica, Chorotega y las poblaciones urbanas más pobres y marginadas de la Gran Área Metropolitana como Alajuelita, Rincón Grande Pavas, Desamparados, La Carpio, La León XIII, los Diques, Mata de Mora, Blanquillo, Llanos de Santa Lucía, Proyecto Manuel de Jesús y Vista Hermosa en Cartago.

En conclusión, la ciudadanía activa, es un proyecto político de desarrollo planificado desde las propias comunidades, con atención a las familias en riesgo social y aprovechando el material humano comunal con sus diversos grados de formación académica, experiencia y habilidades de liderazgo comunal. Se debe acompañar a las comunidades en el crecimiento material y en la formación educativa asegurando una mejor distribución de los beneficios producidos y el reconocimiento y protección de todos los derechos sociales, económicos, políticos que consagra nuestra Constitución Política.

Referencias

Arias Ramírez, Sánchez Hernández, Sánchez Meza (2011) Análisis de la desigualdad socioeconómica en costa rica. Revista: Economía y Sociedad, N° 39-40 Enero – Diciembre del 2011, pp.73-107

Programa Estado de la Nación. (2008) Decimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.

Programa Estado de la Nación (2012) Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.